Lunes, Diciembre 11, 2017
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GARANTÍAS INDIVIDUALES

FORTALECIMIENTO DE NUESTRAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, DERECHOS SOCIALES Y HUMANOS, COMO LOS DE: EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD, VIVIENDA, RECREACIÓN, LIBERTAD DE EXPRESIÓN, MEDIO AMBIENTE, EQUIDAD DE GÉNERO, MOVILIDAD HUMANA, SEGURIDAD Y JUSTICIA.

Las garantías individuales concebidas en forma histórica desde la misma creación del Estado, han sido consideradas como derechos inalienables del pueblo, derechos que se deja para sí y que deben de ser respetados por el Gobierno, dado que este es una parte del Estado y no el Estado mismo.
Por ser de gran importancia para el pueblo mexicano el respeto irrestricto de las garantías individuales, se aborda en términos de las contradicciones irreconciliables de la sociedad antagónica en la que vivimos.
En el periodo actual de transición hacía la democracia nos encontramos bajo el efecto de la anarquía, prepotencia, abuso de autoridad y violentación a ley suprema, en tal sentido, el modelo social capitalista que impide todo crecimiento e indicador de desarrollo cultural, social, tecnológico y científico, educativo, salud, equidad de género, seguridad y justicia, movilidad humana, etc. ha venido siendo combatido por las fuerzas democráticas, revolucionarias y liberales de este país, sin conseguir hasta este momento una reforma del estado que nos permita caminar en la órbita de un estado que niegue la acumulación salvaje del capital y que reivindique el desarrollo pleno de nuestro pueblo en materia económico-social, por tal motivo esta lucha tendrá que concluir con la construcción de un estado, incluso con visión binacional, que asegure una verdadera distribución de la riqueza en el sentido de equidad, tanto en la producción como en la distribución y desarrollo pleno del pueblo mexicano, el cual hasta nuestros tiempos ha sufrido de una explotación y opresión institucionalizada.
Los diversos periodos del desarrollo del estado, han observado flujos y reflujos en cuanto a la construcción de una sociedad equitativa en materia de empleo, vivienda, asistencia médica, educación, cultura, movilidad humana, esparcimiento, hoy por hoy, debe decirse que la clase obrera, campesina y los trabajadores en general, al igual que las familias, han estado han carecido de beneficios que permitan la consolidación de la célula de estado, es decir, la familia. En este periodo de la historia ha sufrido fuertes reveces al grado de manifestar en la vida cotidiana la máxima descomposición familiar pues no existe ya la escala de valores que van unidas al progreso humano, por tal motivo, la célula del estado debe ser reivindicada con sus valores de integración familiar, en el ámbito de la honradez, de la ética, de la moral, y del desarrollo progresivo en el perfeccionamiento de las áreas infinitas del conocimiento.
La democracia formal del sistema capitalista mexicano, solo existe en los archivos del estado y en los instrumentos defraudadores del sistema electoral mexicano, llámese Instituto Electoral Federal (IFE) o Tribunal Electoral Judicial de la Federación, los instrumentos de control en comento son los encargados de legalizar lo ilegal, le legitimar lo ilegítimo por ello es inconcebible el fortalecimiento de nuestras garantías individuales, sociales y humanas ya que el garante de dichas garantías es precisamente el verdugo de los indicados pues el poder judicial, está en manos de sujetos que sostienen la piedra fundamental del sistema jurídico mexicano, que enarbola como principio básico, el poder de la corrupción, la inmoralidad, la prepotencia, ratificando así la sepultura de la ética profesional que debe tener todo conocedor del derecho y máxime si son impartidores de la justicia. Desafortunadamente dichos administradores de la justicia, los rige la deshonestidad y la avaricia, toda vez que día tras día fortalecen su bunker de la corrupción, de aquí se desprenden que tanto: ministros, magistrados, jueces federales, jueces locales, procuradores, presidentes de las comisiones de derechos humanos, ministerios públicos y burócratas de la administración pública sean responsables de la muerte de la honradez, la ética, de la moral y del profesionalismo, principios básicos del quehacer público.
Abundando al respecto, debe decirse, que los gobernantes de este país, han abandonado e incumplido los principios de justicia social y llenándose de privilegios y riquezas ilícitas, que ofenden al pueblo, lo oprimen y lo desvalijan, así mismo violentan con sus acciones prepotentes, las garantías individuales, sociales, laborales y humanas, consagradas en nuestra ley suprema, además se incurre sistemáticamente en el abuso de autoridad, en consecuencia, la historia de este pueblo exige la transformación del estado y de sus sistema jurídico-político. En este sentido seremos consecuentes los/as luchadores/as sociales y revolucionarios/as de las declaraciones de la Carta Magna, específicamente tenemos que:
Hacer efectivo la aplicación del artículo 39 de nuestro máximo ordenamiento jurídico, el cual sostiene que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, por lo que para lograrlo se debe legislar la ley reglamentaria correspondiente para poder hacer efectivo el poder del pueblo.
Derivado de lo anterior se deben derogar los artículos constitucionales 96, 97, 98, 99, 100 y 102, con la finalidad de hacer un orden jurídico congruente con la realidad del cambio histórico-social que el pueblo demanda. Por otra parte, es fundamental retomar el espíritu de los artículos 27, 28, y 123 en cuanto a la reivindicación de los derechos fundamentales de los campesinos y obreros, así como recuperar la rectoría del estado con amplio sentido social, reivindicando los derechos de todos los sectores históricamente marginados como son: los pueblos originarios, la población migrante, la mujer, entre otros.
En razón de lo anterior, es imperativo que desaparezcan aquellas instituciones que han impedido que el pueblo ejerza sus derechos, tales como el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dado que todas sus actuaciones han servido como instrumentos que legalizan la corrupción y legitiman a los que se enriquecen con el dinero del pueblo. Los instrumentos antes mencionados han violentado los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; principios rectores que manan de la constitución.
Dado que todas las instituciones creadas por el Estado Neoliberal a lo largo del tiempo han violentado los derechos y garantías constitucionales tales como: la libre expresión, la salud, acceso a la educación libre, gratuita, laica e incluyente, a la seguridad social, a la movilidad humana, a la cultura, a la recreación, vivienda y todos aquellos derechos que vayan encausados al desarrollo integral de las potencialidades del ser humano y de la sociedad en su conjunto.
Por todo lo anterior se concluye, que el único camino para asegurar las garantías individuales, culturales, sociales, educativas, de equidad de género, de movilidad humana y de los pueblos originarios, es necesario un cambio imperativo del sistema económico, político y social; para ello tenemos como primera tarea solicitar al Congreso de la Unión la renuncia inmediata de Felipe Calderón.
FORTALECIMIENTO DE NUESTRAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, DERECHOS SOCIALES Y HUMANOS, COMO LOS DE: EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD, VIVIENDA, RECREACIÓN, LIBERTAD DE EXPRESIÓN, MEDIO AMBIENTE, EQUIDAD DE GÉNERO, MOVILIDAD HUMANA, SEGURIDAD Y JUSTICIA.

Síntesis mesa 4.

Para hacer efectivas las garantías individuales, debemos hacer efectivo el artículo 39 de la Carta Marga en el cual se establece que: soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Para lograrlo se debe legislar la ley reglamentaria al mencionado ordenamiento y poder hacer efectivo el poder popular.